Es absolutamente normal que, al hilo de un informe final de auditoría, las organizaciones reciban una propuesta de regularización desproporcionada que no se corresponda ni con su situación ni con sus necesidades reales.
Las auditorías no están pensadas para hacer justicia: forma parte de la estrategia del fabricante presentar, por parte del auditor, una situación hinchada y, en numerosas ocasiones, apocalíptica del estado de licenciamiento. Partiendo de esta situación, el fabricante va a tener mucho más margen de maniobra a la hora de ofrecer soluciones de regularización, creando la apariencia de estar cediendo ante determinadas alegaciones del cliente.
Así, los fabricantes pueden usar las auditorías como simples acciones comerciales agresivas para lograr a través de esta vía ingresos adicionales. Es habitual que esto se produzca en procesos opacos, carentes de independencia y tremendamente disruptivos para la actividad del cliente.
Cerrar una auditoría atendiendo a las demandas del fabricante, supone en muchas ocasiones el comienzo de un problema. Nadie nos garantiza que la regularización y compra de productos que nos exigen, para compensar el supuesto estado de incumplimiento, por un lado sea lo que verdaderamente necesitamos, y por otro, no nos vaya a suponer una fuente de problemas a medio plazo cuando se anuncien futuras auditorías.